El trabajo es un derecho de toda persona, tal y como lo proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores. Sentirse útil a través del trabajo es un gran factor de integración para cualquiera y, por consiguiente, para quienes sufren una discapacidad.
De acuerdo con un reciente estudio de la Fundación Grupo Sifu, sólo el 32% de las empresas españolas con más de medio centenar de trabajadores cumplen la Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos, más conocida como LISMI.
Esta normativa obliga a las empresas con más de 50 empleados a tener en sus plantillas al menos un 2% de trabajadores en situación de discapacidad.
Las comunidades autónomas españolas alcanzan niveles de cumplimiento desiguales respecto a la LISMI. Aragón, Cantabria, Galicia y La Rioja figuran entre las regiones con mayor grado de contratación de personas con alguna discapacidad.
El análisis de Grupo Sifu, que forma parte del II Observatorio sobre Integración Laboral en la empresa, revela que casi el cien por cien de las empresas obligadas a cumplir la norma la conocen y que entre las que sí cumplen la normativa la media de minusválidos en sus plantillas es superior al 2% marcado por la ley.
La fundación autora del estudio ha descubierto que en este ámbito se reproducen también las dificultades de acceso de las mujeres al mercado laboral. Así lo demuestra el hecho de que sólo el 33% de los trabajadores discapacitados sean féminas.
Satisfacción empresarial
Otro dato que destaca el estudio es que 8 de cada 10 empresas de España se muestran satisfechas con el trabajo que desarrollan estos empleados. Por otra parte, se recoge también que el 53% de las empresas piensa que la Administración no hace lo suficiente para que se cumpla la LISMI.
Las personas con discapacidad conforman un importante colectivo que encuentra muchas dificultades para poder vivir con las mismas oportunidades que el resto de la población. Ciertas dificultades pueden derivarse de sus propias limitaciones, pero otras dependen del entorno, del contexto social, económico y cultural.
El acceso al trabajo remunerado sigue siendo para los discapacitados la principal vía para la integración social. Durante los últimos años, numerosas asociaciones vienen denunciando la problemática específica de quienes viven en situación de discapacidad.
Respecto al empleo, afectados, familiares y colectivos de apoyo manifiestan que la mayoría es protegido, de baja cualificación o mal retribuido. Los informes no siempre recogen una realidad en la que las contrataciones se efectúan muy por debajo de las cualificaciones así como la fuerte demanda de mejora de empleo por parte de estas personas con discapacidad.
La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud de la Organización Mundial de la Salud se basa en el principio de que la discapacidad es un rango de aplicación universal que se concibe como una interacción dinámica entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, medios técnicos, etc.) y los factores contextuales. La discapacidad no se entiende sólo como un atributo de la persona, sino como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el entorno social.
Por lo tanto, la gestión del problema requiere actuaciones, y, pese a que en el plano teórico en los últimos años se aprecian modificaciones sustantivas, es palpable una escasa conciencia social o una escasez de sensibilidad en este sentido del mundo laboral.
Si en esta época de crisis e incertidumbre que estamos viviendo ya es muy difícil encontrar un trabajo para una persona que no tiene ningún problema a nivel físico o mental que lo pueda limitar de alguna manera, que será de esas personas que se encuentran con una limitación a mayores con la que tiene que vivir....
No hay comentarios:
Publicar un comentario